Honduras: Corte archiva caso sobre red de corrupción de diputados

La Corte Suprema de Justicia de Honduras suspendió el miércoles el caso conocido como “Red de diputados” hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrolle las investigaciones contra los legisladores acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

En diciembre pasado, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC) y la Maccih descubrieron una red de diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales, los cuales fueron desviados para uso personal.

De acuerdo con La Prensa de Honduras, el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, lamentó la decisión de la Corte de archivar el caso y trasladarlo al TSC, que a su vez tendrá un plazo de hasta tres años para concluir las investigaciones, debido a la reforma realizada por el Congreso Nacional a los artículos 16 y 131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual para dicha misión representa un freno a las investigaciones anticorrupción.

En dicha reforma “se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar Auditoría e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los por Servidores Públicos, Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s), Fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018”.

Esta reforma también estipula que mientras “esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea ésta administrativa, civil o penal”.

Para Jiménez Mayor, aunque la responsabilidad penal la determina el Ministerio Público y el Poder Judicial, la ley aprobada por el Congreso Nacional establece que la responsabilidad penal debe ser determinada por el TSC lo que significaría una usurpación de funciones.